Historia de la Indicación

La semana pasada se discutió la ley de presupuesto del año 2018, ocasión donde la Asociación Chilena de Médicos Extranjeros en conjunto con la Asociación de Médicos Venezolanos AMEVEN aprovechamos de presentar una indicación en la partida del Ministerio de Salud con el objetivo de interpretar claramente el espíritu de la ley 20.261, o también llamada ley Eunacom, y que no queden dudas que al aprobar el examen se puede ejercer en lo público y privado.

La historia comienza el día martes 21, en el último minuto, logramos inscribir la indicación bajo el patrocinio de la Diputada Karla Rubilar y el apoyo del asesor legislativo de Chile Vamos. La indicación es la siguiente:

“Según lo dispuesto en la ley 20.261, los profesionales que aprueben o hubiesen aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto. La aprobación de dicho examen habilitará a los profesionales para ejercer la profesión tanto en el sistema público de salud, así como el sector privado.

La aprobación del examen antedicho, eximirá a todos los profesionales de la obligación de realizar el procedimiento de revalidación señalado en el Artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley n°3 de 2006 del Ministerio de Educación. “

CAMARA DE DIPUTADOS

El miércoles 22 empezaron las discusiones en la Cámara de Diputados y nos enteramos que el Secretario de la Cámara declaró que nuestra indicación no era admisible debido a que el objetivo de la discusión era el presupuesto de la nación y no temas puntuales como nuestra indicación. En ese momento empezamos a llamar a Diputados de todas las bancadas solicitando ayuda para que nuestra indicación no muriera, y es así como en el momento de la discusión de Salud, los Diputados Juan Luis Castro (P. Socialista) y Karla Rubilar (Independiente) solicitaron que se vote la admisibilidad de nuestra indicación, pero fue el Diputado Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana) quien uso sus 3 minutos asignados para defender nuestra indicación, convenciendo a la mesa de la Cámara de votar la admisibilidad.

En el momento de la votación de admisibilidad se logran 53 votos en contra de la inadmisibilidad, logrando que se declarara admisible y en la segunda votación logramos que todos los diputados respaldaran nuestra indicación con 77 votos. Hasta ahí todo era alegría, ahora sólo había que ganar en el Senado.

Pero el jueves 23 nos enteramos que la Presidenta Bachelet firmó un documento solicitando al Senado que elimine nuestra indicación. Ahí todo se fue a negro, no entendíamos por qué la Presidenta quería hacer algo así. Empezamos a analizar todas las estrategias a seguir y a conversar con varios asesores y parlamentarios, incluso hablamos con el Ministro de Hacienda para que retiraran la indicación de la Presidenta.

En el transcurso de la tarde se comunica el Colegio Médico con la Diputada Rubilar y le indica que el Colegio apoyará nuestra indicación y que si podíamos enviar una copia de nuestra indicación a ellos para entenderla mejor.

SENADO DE LA REPUBLICA

El viernes 24 nos reunimos con el Diputado Sergio Aguiló y nos indica que ese día el Ministerio de Salud va a presentar una indicación que reemplace la nuestra pero que va a solucionar el mismo problema. El problema es que no teníamos acceso a esa indicación para estudiar si en verdad interpretaba nuestra necesidad. Sólo 40 minutos antes de la votación en Salud nos logramos conseguir la indicación del MINSAL con el Jefe de Gabinete de la Ministra y ahí nos damos cuenta que era una trampa, no por lo explicito de la indicación, sino por autorizar a trabajar sólo en los “prestadores institucionales” que son organismos acreditados por la Superintendencia de Salud en forma voluntaria, por lo cual no son todos lugares de trabajos públicos y privados, sino un porcentaje de ellos. La indicación es la siguiente:

“Durante el año 2018, los prestadores institucionales de salud podrán contratar profesionales que hayan aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina, sin necesidad de cumplir otro requisito para este efecto, entendiéndose, de esta manera, exceptuados de realizar el procedimiento de revalidación señalado en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2006 del Ministerio de Educación.”

Al momento de enterarnos e interpretar el objetivo de la indicación presentada por el Ministerio de Salud, empezamos nuevamente a comunicarnos directamente con los Senadores y asesores explicando detalladamente por qué no deberían acceder a la indicación del Ministerio y defender la nuestra. Así fue que las intervenciones del Senador Alejandro García-Huidobro (UDI), Senador Carlos Montes (PS) y la Senadora Ena Von Baer (UDI) lograron desechar la indicación apoyada por la Presidenta de la República y aprobar la nuestra.

BENEFICIOS DE LA INDICACIÓN

La indicación define la interpretación de la ley 20.261, por lo que la Superintendencia de Salud debe modificar los Certificados de Prestadores Individuales indicando que pueden trabajar en lo público y privado.

La indicación establece que la Universidad de Chile ya no posee la exclusividad para revalidar títulos profesionales de extranjeros.

La votación en la Cámara de Diputados y en el Senado nos permite identificar cuáles son los parlamentarios que apoyan y cuales están en contra de nuestros ideales, lo cual nos permite diseñar estrategias legislativas para el próximo año.

La victoria de nuestra indicación demuestra que nuestras reivindicaciones son válidas y respaldadas políticamente.

De igual forma hay que indicar que por ser una indicación contenida en una ley de presupuesto, esta sólo tiene una vigencia de un año.

La estrategia de incluir esta indicación en la ley de presupuesto se debe al escenario legislativo actual, el cual se encuentra con cambios de parlamentarios y presidente de la republica, por lo que era la “única oportunidad” de generar una ley en el corto plazo que permita tener una certeza y no incertidumbre por un año.

Durante este mes de diciembre se está trabajando para legislar una ley, bajo el mismo tenor de la indicación, que permita aclarar en forma definitiva y no temporal la interpretación de la ley. Ya contamos con apoyo transversal del Parlamento para este objetivo.